ESPECIAL PARA EL SEGURO EN ACCION
Por Dra. Mariel Adaro, Abogada, especialista en Derecho de Seguros.
La reciente jornada “Fraude al Seguro: Aspectos de Fondo y Forma”, organizada por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Ministerio Público bonaerense, ha devuelto a la superficie una problemática que, como bien sabemos quiénes caminamos el mercado, no es nueva, pero sí cada vez más sofisticada. Es positivo que el tema ocupe un lugar en la agenda institucional, pero para el asegurado honesto y para las compañías que ven sus balances en rojo, una fotografía oficial no alcanza cuando la realidad lleva décadas de atraso.
Lo que hoy enfrentamos no son picardías aisladas, sino una criminalidad económica organizada, una cadena delictiva con roles aceitados que funciona con la precisión de una línea de montaje. En esta estructura, el fraude comienza mucho antes de que el expediente llegue a la compañía. La cadena es extensa y cuenta con la complicidad necesaria de actores clave: policías que facilitan actas, ambulancieros, camilleros y médicos que captan «víctimas» y confeccionan certificados de dudosa rigurosidad, conformando un ecosistema de «caranchaje» profesionalizado.
La falla de origen es sin dudas falta de interdisciplina y gestión, desde sectores técnicos y expertos en derecho penal, se insiste hoy en un concepto clave: la detección de patrones. Se señala que el valor no está en analizar un choque individual, sino en identificar la serialidad: mismos testigos, mismos médicos y mismos estudios jurídicos que se repiten en decenas de causas. Sin embargo, resulta profesionalmente atendible señalar que esta visión de «inteligencia colectiva» llega tarde.
Es imperativo criticar que, durante años, quienes tuvieron la responsabilidad de gestionar organismos como la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no impulsaron esta mirada interdisciplinaria, permitiendo que la información quedara fragmentada en los cajones de la burocracia mientras el delito mutaba y aprendía de las debilidades del sistema. Hoy se celebran los acuerdos para digitalizar datos entre la SSN y la Justicia (como el convenio con JUFEJUS), pero la pregunta es por qué una industria que representa un pilar de la economía argentina debió esperar tanto para una articulación tan elemental.
El sistema judicial: un aliado por omisión El panorama judicial no es más alentador. El mercado convive con una disparidad de criterios alarmante: lo que en una jurisdicción motiva una denuncia penal, en la vecina se archiva sin más. El caso «Truglio» es el espejo donde nadie quiere mirarse: ocho años de proceso para obtener condenas firmes, tiempo durante el cual los acusados siguieron litigando y cobrando honorarios con total impunidad.
Esta lentitud genera una paradoja perversa que los estudios jurídicos de las aseguradoras denuncian a diario: mientras la causa penal se eterniza en un juzgado, la compañía termina pagando fortunas en el fuero civil por «lesiones» (como la clásica cervicalgia valorada generosamente por peritos) para evitar condenas aún más gravosas.
El costo de la inacción El fraude no es un «daño sin víctimas». Es un agujero negro que representa entre el 30% y el 40% de la siniestralidad en ciertos ramos, encareciendo las primas de los asegurados honestos y poniendo en riesgo la solvencia del sistema. En conclusión, la iniciativa de ADEAA es un paso necesario para sacar el tema del ostracismo, pero la industria ya no tolera más diagnósticos. Para revertir décadas de desidia, el mercado necesita que la SSN y la Justicia dejen de actuar como compartimentos estancos. Sin legislación moderna, trabajo de campo y sanciones rápidas, el fraude seguirá siendo el negocio más rentable de la Argentina, a costa de la transparencia y el bolsillo de todos.
